POR ARMANDO VÁSQUEZ A.
No venía al caso la polémica que desató el gobernador con su explicación de cómo lograr la participación de empresas amigas en su deseo de mayor involucramiento para que apoyen en la construcción de las distintas obras. Tampoco, señalar que los participantes tendrían una ventaja del diez por ciento por presentar su plan maestro, así como regresarle lo invertido si no ganan el concurso y justificar su estrategia de que el gobierno no tiene dinero y de allí su ocurrente propuesta. https://bit.ly/3Ti1bLA
Me chuté el reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora https://bit.ly/3lfwXfF y no hay nada que hable de esa ventaja que dijo del diezmo a quienes aporten recursos para su participación. Lo normal es que quien participe en licitaciones tiene qué hacer y manejar esa inversión de riesgo pues la convocatoria es muy clarita al incluir el costo de participación. Y no importa el lugar de donde sea la empresa,
Tampoco señala el regreso de lo invertido a quienes pierdan la licitación pues ingresan a tesorería ipso facto.
Cuando dijo que el gobierno no tiene dinero, ¿usted cree lector que sea un aliciente para el empresario que quiera aventarse?… por eso recurrió a la amistad, pues todo indica que su propuesta es sumamente riesgosa y el pago del trabajo cuenta con amplias posibilidades de entrar a la categoría de “cuentas incobrables” como ha sido una constante. Ser cliente del Gobierno del Estado no es garantía de pronto pago lo cual ya es de conocimiento pleno.
Pero veamos, como me dice una lectora: “Si no hay dinero, ¿porque lo sigue «asignando» a manos llenas en becas y apoyos «sociales», que, aunque parezcan «legales», solo compran conciencias? Si no hay dinero, que ajuste y saque de nómina a tanto aviador o becado y que cancele y elimine plazas o dejen de crearlas a modo. Eso SI sería ser diferente”.
Y es que Alfonso Durazo manejó como defensa en su Facebook https://bit.ly/405LtFo que su propuesta es legal y que “no somos iguales” a los anteriores gobiernos. Pero insisto, se aleja de la realidad jurídica.
Se le ha criticado a su vez por el señalamiento de que beneficiará a sus amigos constructores y se han publicado nombres como el de Jorge Aguirre y Alfonso González Mouriño, cuya situación y acercamiento con el mandatario es muy conocida. Son los benditos del sexenio.
Pero con independencia de ello, en la ley se establece la inscripción en el Registro Único de Personas Acreditadas del Estado que es público y transparente, según esto. Ninguno de los proveedores puede desligarse de esta obligación pues los ojos de Contraloría y del ISAF –así como las contralorías internas de cada dependencia–, están, según la reglamentación, con ojo avizor para que se cumplan los diferentes pasos de la construcción de una obra pública desde su planeación y presupuestación hasta su terminación.
Curiosamente, las diferentes leyes y reglamentos que se encuentran alrededor de esta actividad no marcan los efectos legales a los que se debe someter al Gobierno del Estado cuando no pagan en tiempo y forma los trabajos terminados. Gobernadores van y vienen y los adeudos que tienen con proveedores son noticia por el acumulamiento de las cuentas por pagar.
Hay otros que establecen su declaración como un lapsus, inclusive se mencionó que de alguna manera puede empatar lo que le pasó a inicios de los noventa cuando se colocó en una situación incómoda cuando, siendo secretario particular de Luis Donaldo Colosio, entonces dirigente del PRI nacional, se le olvidó pasarle un recado del magdalenense a Manlio Fabio Beltrones, quien posteriormente fue gobernador de Sonora y las lenguas grilleriles también señalan que el que nunca olvida pero tiene buena memoria, le quitó el deseo a Durazo de ser el dirigente del PRI en Sonora, cargo que le dio a Armando López Nogales. Póngale un asterisco a este detalle del pasado para conocer el presente y un poco del futuro.
El tema pues ha permanecido en el medio por ser bizarro. Se sabe que todo gobernador favorece con contratos a quien le apoyó, antes, durante y después de la campaña. La rueda burocrática gira y todo se acomoda para que el beneficiado gane la licitación y se le pague en el tiempo debido. Le cobijan todos los funcionarios involucrados en la obra pública porque el gobernador así lo dispone.
También se sabe que entre los mismos constructores suelen rolarse las obras, generalmente son tres los proveedores principales y se ponen de acuerdo para establecer un mecanismo que les permita rotarse . Es una maña muy conocida.
Y no se trata de que este gobierno sea igual o diferente al anterior, sino de que la “costumbre” conlleva una participación tal de todos los componentes que la decisión del ganador impulsada por el ejecutivo esta “enceitada” por todos lados. La bronca con los funcionarios de este gobierno de Alfonso es que no entienden este aspecto y no salen las cosas “limpieitas” como debería de ser, por sus parejos antagonismos.
Así, la disertación del maestro en administración pública y doctor en políticas públicas, sirvió de buylling por parte de los diferentes comunicadores, pues no deja de ser novedad que admitiera el paradójico influyentismo –que es ilegal–, que se maneja en la obra pública del cual, insisto, todo mundo sabe, pero no ha habido un gobernador que lo admita, hasta el martes pasado durante la conferencia de prensa de ADM.
De allí la refriega que le pusieron.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
***
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorado en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
Correo electrónico: archivoconfidencial@hotmail.com
Twitter: @Archivoconfiden
https://www.facebook.com/armando.vazquez.3304