POR ALBERTO VIZCARRA OZUNA
El gobernador Alfonso Durazo Montaño, planteó al inicio de esta semana una pregunta legítima, que exige amplia y argumentada respuesta. Al formularse la pregunta, el gobernador elabora lo que considera la respuesta, y da pie para el diálogo y la discusión sobre uno de los asuntos de mayor importancia para el futuro de Sonora y del país. Así fue el cuestionamiento: ¿Cómo es posible que teniendo agua (Valle del Yaqui-Cajeme) y teniendo recurso humano y una gran producción agropecuaria, no se registre la instalación de agroindustrias?
En su explicación Durazo Montaño, admite la necesidad de la agroindustrialización del sur de Sonora y reconoce que el proceso se abandonó. Al mismo tiempo infiere que eso es responsabilidad de los productores agropecuarios, puesto que evade la responsabilidad del gobierno en la conducción de una política económica, que con una vigorosa inversión pública, fomente y proteja el mercado nacional para hacer posible la maduración de esos procesos productivos. No se le puede exigir frutos a un árbol que no se riega.
Los criterios de política económica que rigieron al país desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, hasta principios de los años ochenta, con acentos distintos, se inclinaron por el fomento a la producción agropecuaria y colocaron los primeros ladrillos en dirección a la necesaria agroindustrialización de regiones como el Valle del Yaqui y otras de importancia nacional en la producción de alimentos. Esa experiencia la vivieron los productores del sur de Sonora, tanto en las Uniones de Crédito, como en el sector ejidal, incursionando en la elaboración de aceites y pastas.
Estos impulsos, ciertamente incipientes, se sofocaron y terminaron por morir, no por indisposición de los productores rurales y agropecuarios, sino por la imposición de una política económica que dejó de comprenderlos, retirando los necesarios e imprescindibles instrumentos de apoyo que reclama todo proceso de creación de una industria nacional. El sofocamiento de aquello que estaba en curso, empezó a instrumentarse desde el ingreso de México al Acuerdo General del Aranceles y Comercio (hoy OMC), en 1984. Se profundizó una década después con la firma del TLCAN, que glorificó su despreció por la producción de alimentos bajo la inefable consigna de que es más barato importarlos que producirlos nacionalmente. Política que se ratifica con la firma del T-MEC en el 2019.
Acuerdos firmados a pesar de las protestas y manifestaciones de los productores nacionales, mismos que solo benefician a las elites financieras que ejercen el monopolio hemisférico del mercado de los alimentos, mientras el país profundiza su dependencia y la población sufre las consecuencias de una hiperinflación galopante en el precio de los alimentos.
Tales políticas macroeconómicas, se acompañaron de una constante propaganda de descrédito de los productores nacionales, junto a un endiosamiento del mercado como motor de la economía. Así la autosuficiencia alimentaria dejó de ser un propósito y la planificación de cultivos quedó sujeta, no a la meta estratégica de reducir la dependencia alimentaria, sino a los negocios de los llamados “cultivos rentables”. Así justificaron, y lo siguen haciendo, la desaparición de los precios de garantía para todos los productores nacionales.
No se puede lograr la agroindustrialización del Valle del Yaqui, si no se revierten estas políticas económicas. Eso implica abandonar el criterio fracasado de definir la planificación de los cultivos en función de la renta monetaria y en detrimento de la producción nacional de granos básicos como el trigo y el maíz. Los éxitos verdaderos de una economía no se miden solo en razón de cuantos negocios se hacen, sino como fortalecemos las capacidades productivas de la región y con ello de la economía nacional.
Es equivoco seguir insistiendo, como lo han hecho los gobiernos anteriores, de que producir granos básicos como el trigo, genera poco dinero y reclama de mucha agua. Siempre será más caro, como lo estamos viendo en el presente, dejar de producir los alimentos nacionalmente y quedar a expensas de la especulación ejercida por los corporativos importadores, ahora beneficiados con la quita de aranceles para supuestamente atenuar una inflación en los precios que se mantiene irrefrenable. Resulta también equivoco, seguir avalando estas políticas que han servido de pretexto para quitarle el agua al Valle del Yaqui y a la tribu yaqui, con actos de fuerza y violatorios del Estado de Derecho, como se hace con la operación ilegal del Acueducto Independencia.
Importante puntualizar: el agua no es de Sonora, el agua es de la Nación. Y en el caso del Río Yaqui, desde el decreto de Lázaro Cárdenas, tienen asignado su uso y destino para darle sustento a la tribu yaqui y a las actividades productivas del sur de Sonora. Nunca se gasta mucha agua, ni se desperdicia, cuando se usa en producir alimentos y pan para la mesa de los mexicanos.
Importante que el gobernador haya puesto sobre la mesa esta discusión. Esto nos invita a participar a todos. Solo así lograremos abandonar los derroteros de una política económica abrumadoramente fracasada en Sonora, en México y en el Mundo.
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Movimiento Ciudadano por el Agua