Diario La Verdad
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Opinión

Contraportada

Por VÍCTOR FONSECA JACQUES

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Le salió cara la factura a Guaymas. Hace seis años, el voto de los ciudadanos guaymenses le resultó adverso a Claudia Pavlovich Arellano, entonces candidata al Gobierno de Sonora. Y por lo que hoy estamos viviendo, a nuestra gobernadora nunca se le olvidó la afrenta, y hoy la está cobrando con intereses muy altos.

Algo similar pasó durante la administración municipal de Bernardino Cruz Rivas, cuando también por temas políticos, el entonces gobernador Armando López Nogales dejó en el desamparo a nuestra ciudad. El sistema de alcantarillado colapsó y se inundó de “caca” todo el centro del casco urbano. Hoy la situación es diez veces peor: las aguas negras literalmente anegan las colonias de la ciudad.

El abandono al que nos ha sometido el gobierno estatal es evidente. El problema de la grave contaminación que enfrentamos hoy en día –misma que por cierto ni siquiera ha volteado a ver el Secretario de Salud Enrique Clausen Iberri a pesar de ser también ya de su competencia—por los derrames de aguas sucias tiene su origen en dos aspectos: uno, la indiferencia absoluta al tema del mantenimiento a las líneas, y el otro, el deterioro en los equipos de rebombeo.

Guaymas cuenta con once sistemas de rebombeo. El más conocido es el de la calle 16 y avenida 4, y cada uno debe tener en funcionamiento, de manera constante, tres bombas. Este tiene trabajando sólo una. Otro al que le sirve sólo una bomba es el de Miramar y uno más en las mismas condiciones está en la colonia Sahuaripa. Es decir, el mundo de aguas negras que Guaymas genera se está “moviendo” solamente con tres bombas. Consecuentemente, el colapso se observa por todos lados.

Podría la CEA justificarse aduciendo a la falta de recursos. Cada una de estas bombas cuesta 150 mil pesos y se deben reponer por lo menos cada tres años para un eficiente funcionamiento. El Gobierno del Estado ordenó al administrador local, Iván Cruz Barriente, que no se “cortara” el servicio al usuario por el tema de la pandemia, pero que se trabajara en el convencimiento para pago. Hoy en día, el reguero de excremento en las calles no motiva a nadie a pagar el servicio.

Ahí es donde la actual administración estatal debió “entrar al quite”. En un acto de conciencia, la gobernadora debió gestionar la inversión necesaria para reponer equipos y darle a Guaymas el alivio de la solución. Muchos millones más se han invertido en otras cosas, algunas con signos de frivolidad. Lejos, muy lejos de eso, ni siquiera ordenó que se le diera mantenimiento a las líneas, que si bien hubiera sido un paliativo, por lo menos no tendría a la ciudadanía pagando tan alto costo político.

Y ante semejantes muestras de venganza, todavía falta que “quede pendiente” el compromiso de la planta desaladora que –dicen– se construye en Empalme y que está casi lista. Este tema merece revisión especial, porque se habla de una inversión muy fuerte por parte de una compañía europea que,  lógicamente, tendrá que recuperar su dinero.

De alguna u otra forma, esa empresa va a hacer los cobros correspondientes.

Imagínese usted quién va a pagar esas consecuencias.

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