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Por ALBERTO VIZCARRA OZUNA

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Si el bizarro elenco de apologistas del Acueducto Independencia ocupara un merolico, Hugo Aguilar Ortiz, es el mejor. El coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se presume abogado pero le hace más honor al hablantín y embaucador que vende remedios milagrosos en los mercados públicos o captura inocentes en torno a una mesita donde manipula tres fichas y promueve apuestas  para el que adivine dónde se encuentra la pequeña bolita de esponja que oculta entre sus dedos o debajo de una de las fichas, repitiendo el estribillo: ¿dónde quedó la bolita?

Todo hablantín se presume sabelotodo y el coordinador del INPI no tiene recato en abrogarse la facultad de descalificar las decisiones de los jueces que han otorgados amparos a la Tribu Yaqui, así como denostar los estudios técnicos que precisan la condición deficitaria de la Cuenca del Río Yaqui. Tampoco se le escapa hacerle correcciones a los criterios contenidos en el decreto de Lázaro Cárdenas para luego derivar asignaciones arbitrarias de volúmenes de agua que solo existen en su imaginario. Viaja del campo del derecho a la antropología y de la ecología a la hidrología y en todos adopta la arrogancia propia del ignorante.

No le importa aparecer como merolico con tal de convertir el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, ordenado por el presidente, en una emboscada en contra de los yoremes para terminar la tarea iniciada por los gobiernos de Guillermo Padrés, Felipe Calderón y Peña Nieto: “legalizar” la imposición del Acueducto Independencia, que ilegalmente le sustrae agua a la Cuenca del Río Yaqui, afectando de manera permanente a la etnia y a las actividades productivas del sur de Sonora.

Hugo Aguilar, no es un buen abogado, pero tiene la habilidad de esconder la bolita. La experiencia en el ejercicio del asambleísta, que sabe desviar la atención de sus interlocutores para avanzar en la encomienda de los intereses políticos y económicos que se han propuesto a toda costa desviar las aguas del Río Yaqui modificando su destino y su uso. Es, junto con los activistas del padrecismo en el territorio yaqui, el principal defensor de la imposición del Acueducto Independencia.

Se siente con la holgura de quien envuelve la peor intención bajo el manto de un Plan de Justicia que se propone llevarle beneficios coyunturales a la tribu yaqui a cambio de la aceptación de daños estructurales y existenciales, como los que representa el acueducto. La conducta de Aguilar Ortiz contradice el discurso de la Cuarta Transformación. Parece más un funcionario del gobierno de Padrés y Calderón que del gobierno de López Obrador.

Su tarea más reciente se concentra en despojar a los yaquis de la protección que les brinda el Peritaje Antropológico elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) quien en 2014 y a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaboró un estudio ampliamente informado y documentado, con observaciones de campo, que le permitieron concluir que los trasvases que supone el Acueducto Independencia se ejecutan sobre una cuenca de alta fragilidad hidrológica, sobre todo en los largos períodos de sequía, con un alto estrés hídrico, con capacidades de resiliencia muy mermadas y condiciones sociales que ponen en grave riesgo la sobre vivencia de la Tribu Yaqui como pueblo originario, organizado, con su propia cultura , territorio y gobierno.

El estudio que compendia en cien páginas, coordinado por ocho especialistas adscritos al INAH, conformado por antropólogos, etnólogos, juristas, sociólogos y especialistas en hidrología, concluye que se hace preciso “la eliminación, cancelación y/o el cierre del acueducto”, y hace la recomendación de que se busquen otras opciones para hacer frente a las necesidades hídricas que quisieron ser atendidas con el proyecto del acueducto.

No obstante que el estudio cuenta con validez jurídica y con un sólido sustento técnico, Hugo Aguilar, tomándose atribuciones que no le corresponden y con extrapolaciones perversas y fraudulentas les dice a los yoremes que “antes de cancelar el Acueducto Independencia, se tendrían que derrumbar las presas construidas sobre la cuenca del Río Yaqui, porque éstas afectan más a la tribu que el acueducto”. Con estas afirmaciones descabelladas pretende privar a la tribu del valor jurídico y técnico de uno de los documentos decisivos en la lucha del pueblo yoreme en contra del despojo de sus aguas.

En los tiempos recientes, solo el gobierno de Felipe Calderón se atrevió a ordenar el desconocimiento de la existencia de la Tribu Yaqui para negarle sus derechos jurídicos en contra de la construcción del acueducto. Y fue el INAH el organismo encargado de acreditar antropológicamente la existencia de la etnia y con ello legitimar sus derechos a la defensa del agua y el territorio. Ahora merolicos como Hugo Aguilar, con la misma indolencia y mala fe pretenden imponer el robo del agua con el acueducto y para ello desacreditan a la institución más importante en la defensa de los derechos de los yaquis y de los pueblos indígenas de México.

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